Publicado el 2022-11-19 en Maestría

La Reforma a la Ley Federal del Trabajo y sus efectos en la recaudación

Por: Daniel Enrique Gutiérrez Esquivel, estudiante de la maestría en Planeación Fiscal y Tributación Internacional de la UNLA

 

El mundo se encuentra actualmente en un momento de incertidumbre y de cambio, la contingencia sanitaria derivada de la propagación del virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19 han obligado a los gobernantes de todo el mundo a tomar medidas extraordinarias que dificultaron las operaciones comerciales internacionales y entorpecieron el libre tránsito, todo en pro de frenar la propagación de un virus que ha cobrado miles de vidas y ha obligado a cerrar tanto a pequeñas como grandes empresas.

 

En el entorno nacional, México, al igual que el resto del mundo, presenta cambios en el tejido social a través de diversos grupos que buscan derechos que, inclusive, han sido clasificados en el rubro de Derechos Humanos, tal como lo es el Derecho a la Vida, a la Integridad Personal, a la Propiedad Privada, entre otros. La exigencia de estos derechos han obligado al legislador a modificar leyes e, incluso, a la propia Constitución para lograr ese cambio y garantizar los derechos exigidos por la sociedad mexicana.

 

Entre los derechos que se encuentran en exigencia, existe uno en particular, que es de interés para los mexicanos, y es con relación al aspecto laboral de la vida del mexicano promedio.  Podemos encontrar que México es el país perteneciente a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) con menor goce de vacaciones por año trabajado, en contraste con el número de horas trabajadas, en cuyo caso ocupa el primer lugar. Es por esta desigualdad entre ambos aspectos de la vida laboral mexicana que el gobierno ha decidido impulsar una reforma que retribuya con vacaciones más amplias a los trabajadores mexicanos.

 

 

Dicha iniciativa fue presentada por primera vez ante el pleno de la Cámara de Diputados el día 10 de febrero de 2022, en la cual se propone la reforma a los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, cuya esencia es duplicar los días de vacaciones que gozarán los trabajadores por su primer año de trabajo; pasando de seis días, de acuerdo a la legislación actual, a doce días, según lo planteado en la iniciativa de reforma, permaneciendo el aumento de dos días por los subsecuentes años trabajados, así hasta llegar a un goce de 32 días para los trabajadores que tengan antigüedad de 31 años en una misma empresa. 

 

Este avance puede considerarse una victoria para los derechos laborales de los trabajadores en México y un primer paso para lograr una equidad en la relación laboral, al ser comparada con países como Alemania, Reino Unido o Brasil, donde sus trabajadores gozan de, por lo menos, 20 días de vacaciones por año. Al mismo tiempo, mientras que el promedio de horas trabajadas en México es de 2,124, el promedio de la OCDE es de 1,687 horas.

 

Así, mientras México goza de cinco veces menos vacaciones que otros países, se trabajan 437 horas más que el promedio de la OCDE, equivalente a un 26% más que el resto de los países miembros. Los datos anteriores nos permiten vislumbrar que la iniciativa de reforma es un acierto, desde el punto que atañe el derecho laboral. Sin embargo, un aspecto que parece estar pasando desapercibido en la iniciativa de reforma, que recientemente pasó a la Cámara alta del Congreso de la Unión, es el impacto que el incremento de vacaciones tendrá en el aspecto contributivo y fiscal de los nacionales, patrones y trabajadores. El ver de manera sesgada la Ley Federal del Trabajo dificulta que esta reforma tome en consideración el impacto económico y fiscal que tendrá en el bolsillo de los contribuyentes, tanto patrones como trabajadores, en caso de ser aprobada; pues es bien sabido que la legislación laboral y fiscal van en muchos sentidos, emparejadas tanto por las contribuciones de seguridad social pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores(INFONAVIT), así como el Impuesto Sobre la Renta pagado al Servicio de Administración Tributaria (SAT).