Por: Rafael Sepúlveda Jiménez / Profesor de la Licenciatura en Derecho
El mundo actual tiene una serie de desafíos derivados de la globalización, la mundialización, la interdependencia y los avances tecnológicos, que requieren respuestas complejas y coordinadas.
Las situaciones que hace apenas 10 años nos podrían resultar inimaginables se han convertido, en lo que va del siglo, en realidades que han evidenciado la debilidad y legitimidad de algunos sistemas, aunque también han influido en el fortalecimiento de otros. Dicha dinámica plantea un escenario mundial de encrucijadas.
Y ello nos trae a un tema que se encuentra en boga y que ha irradiado en todas las áreas, de las cuales el derecho no queda exento: la utilización de la inteligencia artificial en los diferentes ámbitos de desarrollo de la actividad humana, que se ha propuesto presentar herramientas con las mismas capacidades que el ser humano.
Cada día hacemos uso de dispositivos que funcionan a la luz de estas combinaciones de algoritmos y que, en cierto sentido, vienen a facilitarnos la vida.
Pero… ¿nos imaginamos cómo serían los juicios civiles, mercantiles, familiares, incluso penales, con la utilización de estas herramientas?
¿Podríamos sustituir al juez togado, en los juicios ceremoniosos y formales, por un dispositivo movido por “neuronas formales”?
Inteligencia artificial en la actividad judicial
Este es uno de los múltiples temas que analizamos, desde diferentes áreas disciplinares, en los estudios de licenciatura de la UNLA. En esta ocasión me centraré, por una parte, en la utilización de las herramientas tecnológicas en la actividad judicial y, por otra, en la utilización de la IA para la solución de conflictos desde la experiencia de países que hacen uso de dichos mecanismos, no como auxiliares, sino como instrumentos resolutores.
El primer punto relevante es la actividad interpretativa que realizan los órganos jurisdiccionales y que, si bien podría fortalecerse con la IA, difícilmente podría sustituir a un juez o una jueza.
En materia familiar, por ejemplo, encontramos un prototipo denominado SIES: Sistema Experto de Sentencias, que como lo señala Martínez Bahena (2013), inicialmente fue diseñado para apoyar a los órganos judiciales a emitir sentencias sobre divorcios, patria potestad y alimentos. No obstante, aunque este sistema funciona útilmente —pues mediante shells en el ámbito jurídico permite definir largas cadenas de texto empleando la heurística, la inferencia o el reconocimiento de patrones—, debemos resaltar que tanto las pretensiones de las partes como la aplicación normativa varían atendiendo a los sujetos intervinientes y a los derechos que se encuentren en estudio.
Además, el resultado de este tipo de herramientas depende de la información previamente almacenada. Incluso las propias “neuronas formales” de los modelos conexionistas requieren la intervención humana para su funcionamiento.
Es decir, la veracidad de la información que se tiene en estos medios resulta objetable.
El papel de la interpretación judicial
En el proceso interpretativo y argumentativo la última palabra la tendría el órgano judicial. Ricardo Guastini (2002) ha señalado que:
“… desde el punto de vista del juez…, la interpretación se presenta como una actividad de conocimiento: interpretar es ‘averiguar’ el ‘verdadero’ significado de las leyes o la ‘verdadera’ intención del legislador” (p. 62).
Los textos normativos están formulados en lenguaje natural para facilitar la comprensión del mensaje. Por ello, los problemas de ambigüedad y vaguedad del lenguaje —donde una palabra puede significar cosas distintas según el contexto, el tiempo o la cultura de quien la usa— se trasladan directamente a la interpretación jurídica.
En particular, el lenguaje del derecho es técnico o tecnificado, lo que implica reformular significados de palabras del castellano ordinario (Prieto, 2005). Por todo ello, la labor hermenéutica es imprescindible: sin interpretación, no es posible aplicar el derecho, al menos hasta hoy.
Así, la IA puede fortalecer la labor judicial, pero difícilmente sustituirá la interpretación, sobre todo ante la pluralidad normativa doméstica y supraestatal.
Riesgos y experiencias internacionales
Es evidente que las bases de datos pueden parecer confiables —sentencias, fechas, líneas argumentativas—, pero no siempre lo son. Recordemos el caso de un juez en Brasil investigado por usar IA y errar en la resolución al seguir una línea jurisprudencial falsa proporcionada por chat GPT (Milenio, 2023).
Varios países exploran el potencial de la IA:
No obstante, persisten dudas sobre independencia judicial, ética y legitimidad.
Transparencia y regulación internacional
Los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial (2019) establecen la independencia como requisito esencial para un juicio justo. La IA, al ser un sistema entrenado con datos, plantea riesgos de subordinación y falta de transparencia.
En la Unión Europea, el Reglamento de Inteligencia Artificial (2024) establece obligaciones de transparencia para sistemas que interactúan con individuos o generan contenidos visuales y auditivos.
Asimismo, la OCDE (2019) ha fijado directrices para que los sistemas de IA sean robustos, seguros, imparciales y fiables, alineados con los derechos humanos y el estado de derecho.
Conclusión
El desarrollo de la IA plantea desafíos en transparencia, protección de datos personales y ética, que deberán resolverse conforme se integren cada vez más a las actividades humanas.
En el ámbito judicial, la IA ya es una herramienta de apoyo en materias civil, mercantil, familiar y penal, tanto en audiencias como en etapas procesales. Sin embargo, su papel sigue siendo auxiliar.
La tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación (2025) lo confirma: la IA puede apoyar, pero la deliberación y la decisión deben mantenerse en el ámbito jurisdiccional, garantizando principios como proporcionalidad, transparencia, protección de datos y supervisión humana.
En mediación ya existen ejemplos exitosos, como el uso de Smartsettle ONE en 2019 en British Columbia, que resolvió en una hora un conflicto de tres meses (Ordelin, 2021).
Tal vez no sustituyamos al juez togado por algoritmos, pero la judicatura se encuentra en una encrucijada tecnológica que exige respuestas coordinadas. El Estado debe establecer reglas claras sobre el uso de la IA en lo público y privado, para garantizar seguridad jurídica, justicia, equidad y derechos humanos en esta revolución silenciosa.
