LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA EN EL ÀMBITO MÉDICO-SANITARIO EN MÉXICO

 

 

 Beatriz Soledad Sierra Espinoza[1]

 

Sumario: Introducción. 1. La objeción de conciencia. 2. Objeción de conciencia y derecho a la salud. 3. Conflicto trascendente de objeción de conciencia en el ámbito médico-sanitario (la hemotransfusión). Consideraciones finales. Bibliografía.

 

Introducción

México es un Estado que, en vías de reconocer plenamente los derechos fundamentales, se encuentra frente a un desconocimiento parcial a la libertad religiosa[2], lo cual en ocasiones viene a desencadenar ciertos tipos de discriminación a la persona humana respecto de su derecho a elegir la religión que más le convenga, y tal situación se refleja tanto en el campo legislativo como en el doctrinal, y más aún en el jurisprudencial. En nuestro Estado, a partir de la reforma eclesiástico-religiosa de 1992, sí podemos vislumbrar una auténtica libertad religiosa y de conciencia, aunque todavía persisten limitaciones a la misma. En efecto, las trabas impuestas con el texto constitucional original de 1917, prácticamente todas ellas han sido suprimidas, a excepción de algunas congruentes con la idiosincrasia mexicana.

El camino emprendido en 1992 ha constituido, sin duda, un importante paso adelante en la protección de los derechos humanos en México, pero se trata de una tarea inacabada, especialmente por lo que concierne a un problema de creciente importancia en las sociedades avanzadas: los conflictos entre ley y conciencia, también llamados objeciones de conciencia, que tienden a proliferar en sociedades ideológicamente pluralistas y en el hábitat jurídico de un Estado que legisla en múltiples aspectos de la vida humana al concebirse a sí mismo como un Estado social que debe velar por el bienestar de sus ciudadanos. Surge así un dramático dilema en la conciencia del ciudadano, que pugna por hacer compatibles las dos lealtades que le son debidas -al Estado y a su propia conciencia- y busca en consecuencia ser eximido de la obligación legal que le resulta moralmente inaceptable.

 

1. La objeción de conciencia

Objeción de conciencia significa, por su propia naturaleza, oponer la propia conciencia al cumplimiento de una ley, según la cual, al objetor, por profesar determinadas ideas, no le corresponden las prestaciones que son impuestas por el orden jurídico a la sociedad. El sujeto objetor es el ciudadano que al tratar de cumplir con un mandato legal, le surge un conflicto en su conciencia porque dicho cumplimiento va en contra de sus principios morales inculcados por su creencia religiosa.

La Ley Reglamentaria del artículo 24 constitucional, denominada Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, alude de manera negativa a la objeción de conciencia, al establecer en su artículo 1º segundo párrafo: “Las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes”. Esta postura de la ley se debe a que asume implícitamente que la objeción de conciencia supone una intención de fraude a la ley, cuando en realidad se trata -en los casos de sinceros conflictos de conciencia- de una incompatibilidad entre dos tipos de deberes que obligan al individuo en virtud de su doble condición: de ciudadano; y de creyente. Estos conflictos de ley-conciencia se manifiestan en un campo muy extenso, como el laboral, el cívico, el educativo, y cada uno merece un estudio de especial pronunciamiento, que por su propio desarrollo no puede ser abarcado en el presente análisis; sin embargo existe un ámbito que requiere urgentemente un análisis jurídico ya que representa un conflicto entre dos derechos fundamentales: la libertad religiosa y la salud.

 

2. Objeción de conciencia y derecho a la salud

Estando inmersos en el terreno de la justicia conmutativa, es decir, en el intercambio, no siempre es posible obtener la armonía entre los elementos personales de la relación jurídica médico-paciente y, ciertamente, existe siempre la posibilidad de una virtual confrontación de derechos que, en términos de garantías constitucionales y derechos personalísimos, nos lleva a la necesidad de armonizar, entre otros, el derecho a la protección de la salud[3] del paciente; el derecho al libre ejercicio profesional (libertad de trabajo) y la autonomía del paciente. Así, virtual y potencialmente el paciente podría llegar a objetar todos y cada uno de los tratamientos  propuestos, sea por falta de confianza que le inspire el facultativo, o bien por motivos de sus propias convicciones (especialmente las de carácter religioso). Por su parte, el médico podría objetar en algunos casos las medidas demandadas por el paciente, especialmente cuando el acto solicitado no sea acorde a la ética médica.

En materia de derecho a la protección de la salud, la objeción de conciencia de carácter religioso puede manifestarse en diversos aspectos. En este tenor, la objeción de conciencia se refiere a la negativa del paciente a recibir un tratamiento o cooperar con determinado manejo o la negativa del médico a aplicar un tratamiento, ambos autónomamente, con base en sus convicciones o creencias religiosas o morales. Ahora bien, para analizar la primera de estas objeciones, es necesario mencionar el elemento principal que interviene para la aseguración de la protección a la salud: el consentimiento informado[4], que se refiere a un principio ético y dispone que el médico está obligado a manifestar al paciente los beneficios y los posibles riesgos de la aplicación de determinado procedimiento terapéutico. A raíz de esta información, que debe reunir los requisitos de comprensión y amplitud, es como el enfermo, en pleno uso de sus facultades o la persona que tuviera su custodia legal si no estuviere en plenitud de su capacidad de ejercicio, decidirá voluntariamente y respetando su autonomía, la aceptación o rechazo al tratamiento, en un documento (consentimiento informado) que debe formar parte de su historia clínica.

 

3. Conflicto trascendente de objeción de conciencia en el ámbito médico-sanitario (la hemotransfusión)

Son dos las objeciones de conciencia que merecen atención inmediata en nuestra legislación en el ámbito médico-sanitario con el fin de evitar violaciones graves al derecho de autonomía tanto del paciente como del médico: las hemotransfusiones y el aborto, la primera objetada por el paciente; y la segunda por el médico. Sin embargo, resulta más trascendente, por razones de ignorancia jurídica y legal, que tratemos en esta ocasión la primera de ellas.

Primeramente, es necesario hacer mención que de todas las asociaciones religiosas con registro constitutivo oficial, es una, la que ha protagonizado de modo especial este tipo de objeciones: se trata de los testigos de Jehová que, se oponen a las hemotransfusiones como consecuencia de una peculiar exégesis del texto del Levítico que prohibía la ingestión de la sangre (Lev. XVII, 10). En este espacio podemos citar la opinión emitida por un profesional de la salud en México, en la página web de Anestesiología Mexicana en Internet: el Dr. Francisco Javier Lara señala: “Deseo conocer aspectos legales en México, si debemos hemotransfundir o no a los pacientes testigos de Jehová. La ética médica nos obliga a proceder con hemotransfusión, pero en ocasiones el temor a una represalia por alguna demanda hace poner en duda el procedimiento”[5]. Como podemos percatarnos pesa más la ignorancia respecto al procedimiento a seguir en un caso de tal magnitud. Para la solución a este conflicto hay que considerar principalmente que debe tratarse a la persona no como separada de su pensamiento o de su conciencia, sino como un todo. Varios institutos estatales del Seguro Social en México han emitido circulares para que se les dé atención a los testigos de Jehová sin el uso de transfusiones. Por ejemplo, una circular del Instituto Mexicano del Seguro Social de Guadalajara, Jalisco, del 1 de noviembre de 1995, dice: “Que todo portador de una identificación que se anexa, POR NINGÚN MOTIVO SE LE DEBE TRANSFUNDIR. Que se exime al Instituto y al Médico tratante de responsabilidad legal. A los familiares o acompañantes de todo paciente que se considere candidato a manejo quirúrgico y se le identifique con dicho documento (DIRECTRIZ MEDICA) NO SE LES DEBERA SOLICITAR DONACION SANGUINEA, pero sí proporcionar el tratamiento médico quirúrgico que necesite además de que se investigarán las alternativas que para solucionar cada caso en particular les presenten los Médicos pertenecientes a esta Congregación Religiosa”.[6] Otra de estas resoluciones del Instituto Mexicano del Seguro Social de Morelia, Michoacán, del 14 de agosto de 1996 menciona: “La Delegación Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, siempre ha sido respetuosa de la religión y creencias del pueblo y sus derechohabientes. Específicamente sobre la comunidad de los testigos de Jehová, tenemos muchos ejemplos que confirman nuestra actitud. Esté seguro y comuniquen a sus representados que continuaremos atendiéndolos con respeto y de acuerdo a su señalamiento de NO SANGRE”.[7]

Los artículos de la Ley General de Salud (ley reglamentaria en materia de salud), en los que los testigos de Jehová apoyan su pretensión de hacer valer su objeción de conciencia son: el artículo 51 que establece el derecho del paciente a obtener prestaciones de salud oportuna así como trato respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares. Es de particular interés apuntar que la dignidad es lo último que le queda a una persona. De igual interés es el artículo 103 de la Ley General de Salud, en donde dice que el médico podrá utilizar nuevos recursos terapéuticos cuando exista posibilidad fundada de salvarle la vida, restablecer la salud o disminuir el sufrimiento del paciente, siempre que cuente con el consentimiento por escrito de éste. En el caso de menores incapaces o imposibilitados, el artículo 27 en esta materia señala lo siguiente: “Cuando por causa de minoridad, incapacidad o imposibilidad física del receptor, éste no pueda expresar su voluntad para la realización del trasplante (se considera administrar sangre a un paciente como un trasplante, tomando en cuenta que es un tejido), la intervención podrá ser consentida por las personas a que se refiere la fracción I del artículo 13 de este reglamento, o por los representantes legales de menores o incapaces, siempre y cuando haya previamente recibido información completa sobre las probabilidades de éxito terapéutico”. Por otra parte, la Norma Oficial Mexicana NOM-003/SSA2-1993[8], en cuanto al consentimiento informado, menciona: “Se requerirá la obtención del consentimiento informado, anticipadamente a la realización de procedimientos de depósito previo y hemodilusión preparatoria aguda…” En base a la aplicación del supuesto jurídico anterior: No tendría ningún sentido, ningún valor, obtener el consentimiento informado de un paciente, si después se le va a destruir ese derecho.

Finalmente, el Código Civil Federal, en su articulo 1916, menciona lo que se entiende por daño moral: “Daño moral es la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien consideración que de sí misma tienen los demás”. De este precepto jurídico se desprende el razonamiento de que una persona puede verse afectada en sus sentimientos, sus afectos y creencias, siendo todo esto parte de la conciencia, de tal forma que pudiera configurarse un daño moral cuando alguien se ve agredido, o ve violentado su derecho o libertad, y se le administra un tratamiento arriesgado para su salud o en contra de su voluntad.

De lo anterior podríamos puntualizar los principales conflictos a ser regulados: a) La imposibilidad de usar sangre no ha impedido que se hayan conseguido resultados satisfactorios en operaciones o situaciones urgentes en pacientes testigos de Jehová, sin embargo aún hay cirujanos que “introducen” sangre cuando el paciente está bajo los efectos de la anestesia, situación que puede ser calificada como una práctica que no merece elogio alguno. Aunque los testigos rechazan con absoluta firmeza las transfusiones de sangre, no se oponen a los tratamientos de reemplazo; b) Los testigos de Jehová en su Congregación han depositado un documento que denominan “Directriz Médica”; ellos portan una copia, y a sus hijos los hacen portar una “Tarjeta de Identidad”. En ambos instrumentos se estipula la NO ADMINISTRACION DE SANGRE. Se trata de un documento muy bien estudiado y analizado, donde al reverso, se explica brevemente: la fundamentación de su oposición a ciertos tratamientos, por motivos religiosos, con una explicación de los tratamientos médicos alternos; la fundamentación jurídica de su derecho a rechazarlos basados en el consentimiento informado; la exoneración de responsabilidad al personal médico y hospital o centro médico donde reciban la atención; y la autorización de dos personas que pueden intervenir en decisiones urgentes en caso de que el paciente testigo de Jehová esté inconsciente. Sin embargo, dicho documento no está respaldado ni por algún fedatario público como un Notario Público, ni mucho menos por alguna autoridad jurisdiccional competente. Se trata de un mero escrito expedido por cada individuo donde manifiesta su voluntad a no ser hemotransfundido. Lo cual trae como consecuencia el que no sea tomada en cuenta por el personal de la salud; c) Hemos de reconocer que los casos que entrañan mayores dificultades son los que afectan a menores de edad. No obstante, aún en estos casos se ha demostrado que existen alternativas válidas. Además, en lo que respecta al cuidado médico de los hijos se debe escuchar la voluntad de los padres. Como lo manifestó el Dr. Arthur Kelly, ex secretario de la Asociación Médica Canadiense: “Opino que los padres de un menor, así como el pariente más próximo de un paciente en estado de inconciencia, tienen el derecho de interpretar la voluntad del enfermo, y el médico debe aceptar  y respetar sus deseos”[9].

 

Consideraciones finales

El derecho a la objeción de conciencia se justifica porque significa un bien jurídico básico relacionado con la identidad moral de las personas, la acción objetora es de gran dignidad ética. En la práctica médica, el avance de la ciencia y tecnología, así como el pluralismo moral en nuestra sociedad, propiciarán un mayor número de episodios en lo que el médico o el paciente se vean obligados a objetar. Se hace por ello necesario reorientar la actitud de fondo de la ley hacia una concepción jurídica positiva de la objeción de conciencia, poniendo el énfasis en la libertad de los ciudadanos y no tanto en los posibles riesgos derivados de los falsos alegatos de objeción de conciencia; riesgo que indudablemente existe, pero que no puede eliminar o condicionar el reconocimiento de legítimos ámbitos de autonomía de la persona. Ese cambio de enfoque contribuirá decisivamente a fortalecer la aplicación del principio de igualdad jurídica en el área de los derechos humanos, evitando situaciones de discriminación indirecta por razón de la religión o creencias, pues uno de los modos frecuentes de discriminación que todavía perviven en las sociedades occidentales, es precisamente, el de personas que son penalizadas por la ley por el hecho de anteponer su fidelidad a su conciencia que su lealtad al Estado.

 

Bibliografía

 

Burgoa Orihuela, Ignacio. Diccionario de Derecho constitucional, garantías y amparo. 5ª ed, México, Edit Porrúa, 1998.

Cázares López, Carlos. Los testigos de Jehová y la objeción de conciencia. Seminario de objeción de conciencia en México, UNAM, 2003.

Kelly, Arthur. El desafío ético-quirúrgico que plantean los testigos de Jehová. Canadá, Edit. Real Colegio de Cirujanos, 1983.

Torre Torres, Rosa María de la. Monografías Jurídicas, Trasplante de órganos y Libertad Religiosa. ABZ editores, Morelia, Michoacán, México, 2004.

 



[1] Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, dependiente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente, se desempeña como abogada auxiliar en el Despacho particular del Licenciado Héctor Solórzano Cárdenas en el Municipio de San Juan Teotihuacan, Estado de México.

[2] La libertad religiosa forma parte de los derechos fundamentales, los cuales sugieren al legislador que hay algo preexistente a las normas escritas, que funda el derecho positivo y que tiene validez antes de que sea firmado o propuesto, y que debe ser “reconocido” más que “querido” o “decidido”. A la libertad religiosa debemos entenderla, en cierto sentido, como el derecho a vivir en la verdad de la propia fe y en conformidad con la dignidad trascendente de la propia persona. En este tenor, consiste en que todas las personas han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de personas particulares, como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, esto, de tal manera, que en materia religiosa, a nadie se le obligue a actuar en contra de su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado o público, solo o asociados con otros, dentro de los límites debidos. Este derecho se sigue de un deber correlativo: todos los fieles están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios y a su Iglesia, y , una vez conocida, abrazarla y practicarla. Su fundamento no está en la disposición subjetiva de la persona, sino en la naturaleza humana, en la dignidad de la persona humana, en su obligación moral de buscar la verdad y de ordenar toda su vida según las exigencias de esa verdad. Este derecho fundamental se encuentra garantizado en nuestra Ley de Leyes en el artículo 24.- “Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley…” Véase Burgoa Orihuela, Ignacio. Diccionario de Derecho constitucional, garantías y amparo. 5ª ed, México, Edit Porrúa, 1998, p 181.

 

[3] Es importante mencionar, en primer orden la definición de salud como “el equilibrio de los factores físico, psíquico y social en una persona”. La salud es un concepto complejo que se integra por tres componentes específicos: el biólogo, el psíquico o psicológico; y el social. El primero de éstos, es la ausencia de factores patógenos, enfermedades, padecimientos, malformaciones o cualquier otro factor en el organismo, como ente biológico, que obstaculice el buen desempeño de las funciones vitales e impida el correcto desarrollo de la vida del ser humano. El segundo de los elementos, el psicológico, relacionado con la ausencia de patologías o enfermedades de carácter mental. El último de los elementos, es el aspecto social que al paso del tiempo, y con la evolución de la ciencia, se ha visto como un factor determinante en el equilibrio que ahora denominamos salud. Véase Torre Torres, Rosa María de la. Monografías Jurídicas, Trasplante de órganos y Libertad Religiosa. ABZ editores, Morelia, Michoacán, México, 2004, p. 234.

[4] Dentro de las circunstancias que rodean al médico se podría mencionar que tiene las siguientes obligaciones: el secreto profesional, información adecuada al paciente y su consentimiento para actuar, obligación de conocimiento, obligación de diligencia y pericia, continuidad en el tratamiento, asistencia y consejo, certificación de la enfermedad y del tratamiento efectuado. En este tenor pensemos en todas las controversias que se derivan en la ejecución del acto médico y en la consideración del ejercicio de sus valores morales y que es precisamente donde hay cabida para la objeción de conciencia respecto del médico.

[5] Lara, Francisco Javier. Anestesiología Mexicana en Internet. Participación del día 14 de agosto de 2006. Originario de Manzanillo, Colima. Disponible en internet: http://www.anestesia.com.mx/art-17.html

[6] Instituto Mexicano del Seguro Social de Jalisco, Jefatura de Prestaciones Médicas. Oficio número 6.J./, de 1 de noviembre de 1995. Véase Cázares López, Carlos. Los testigos de Jehová y la objeción de conciencia. Seminario de objeción de conciencia en México, UNAM, 2003, p. 263.

[7] Instituto Mexicano del Seguro Social, dirección General de Occidente, Delegación de Atención Médica, oficio número 4.7/8/, de 14 de agosto de 1996. Ídem.

[8] Ibidem, p. 266.

 

[9] Kelly, Arthur. El desafío ético-quirúrgico que plantean los testigos de Jehová. Canadá, Edit. Real Colegio de Cirujanos, 1983, p. 128.